EL RETO DE EQUILIBRAR LA MARATÓN DE “LA OLLA RASPADA” DE LAS FINANZAS PÚBLICAS COLOMBIANAS

A partir del próximo 7 de agosto de 2022, la administración gubernamental del Presidente Electo y el Congreso de la República asumirán retos económicos importantes. El primero de ellos es el de presentar, estudiar y aprobar la reforma tributaria estructural que permita cerrar el abultado déficit fiscal de $62 billones por el cual trasega el sector central de la nación. Igualmente el nuevo gobierno, tendrá que asumir el reto de financiar un presupuesto con un déficit fiscal de $62 billones y con la dura regla fiscal de la ley 2155/21 de no permitir financiar el gasto con deuda pública para la vigencia fiscal 2023. De ahí que, la salida viable y pragmática sea la de acudir a una reforma tributaria, la cual ha sido anunciada por el designado Ministro de Hacienda y será radicada el mismo día de la posesión presidencial, es decir, el próximo 7 de agosto del 2022. Así mismo, el Congreso de la República asumirá el estudio del proyecto de presupuesto que dejará radicado el gobierno saliente antes del 30 de julio de 2022.

Por otra parte, además del déficit fiscal del 5.6% del PIB, se espera que al cierre de 2022 haya un déficit entre $31 y $34 billones en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Razón por la cual, según se observa en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el gobierno entrante deberá girar al FEPC la cifra de $28.5 billones para cubrir las deudas y el déficit entre 2023 y 2025, con el objeto de amortiguar la amenaza que generaría un alto precio de la gasolina en tiempos del pertinaz aumento del nivel anual de los precios que llega al 9.67% a Junio de 2022.

De lo anterior, se deduce que el nuevo gobierno tendrá la pesada carga de ajustar la economía, y se verá en la necesidad de hacer un fuerte aumento del recaudo y una reducción del gasto que, para el año 2023, se va a dar en el presupuesto de inversión pública con una reducción de 1/6 del presupuesto de inversión de 2023 ($10.5 billones). Por su parte, la austera realidad del futuro de las finanzas públicas parece ajena al gobierno saliente, que gasta a manos llenas en licitaciones realizadas a la carrera, que seguramente terminarán sumándose a los 1.578 hallazgos fiscales, por valor de $3 billones, que obran en la Contraloría general de la República como resultado de las evaluaciones realizadas por el órgano de control fiscal en los últimos 4 años. Es decir, la administración del Presidente Iván Duque, le deja el ajuste al gobierno entrante y organiza un festival de derroche fiscal en las últimas semanas de su mandato, dejando un sinnúmero de contratos suscritos a última hora con la utilización de autorizaciones de vigencias futuras presumiblemente ilegales por más de $20 billones.

De una reciente revisión realizada por analistas de medios de comunicación se observa que, entre Mayo y Julio/22 se han comprometido $24 billones que afectarían el Plan de esarrollo del gobierno entrante mediante la figura de documentos CONPES. Por ejemplo, el documento CONPES 4098/22 que fue aprobado para impulsar la competitividad agropecuaria, comprometió vigencias futuras por $6.3 billones hasta el 2031. De igual manera, la estrategia para la integración de la población migrante venezolana como factor de desarrollo para el país, con valor de $13.3 billones, también prevé la utilización de vigencias futuras. Asimismo, el proyecto de inversión para mejorar la infraestructura de la policía con la autorización de vigencias futuras hasta 2027 según CONPES # 4097 por $500.000 millones. Además de una contratación del 21 de julio de 2022 mediante el cual se comprometen por 3 años todas las compras de medicamentos que hacen los hospitales públicos, el ejército y la policía nacional por valor de $2,4 billones, entre otros.

Así las cosas, no se percibe buena sensación administrativa de toda esta maratón de gasto de último momento en el sector central de la nación. Este sospechoso comportamiento de autorizar vigencias futuras en el último año de gobierno contraría claramente lo dispuesto en la ley orgánica del presupuesto 819 del 2003, pues esta proscribe claramente la autorización de vigencias futuras de carácter no estratégico en el último año de gobierno, ya que este tipo de decisiones administrativas atentan directamente contra el principio constitucional y legal de planeación. Por ende, el actuar del gobierno saliente no solo es indelicado, sino que es palmariamente ilegal e inconstitucional, toda vez que termina por atravesarse en el poder discrecional de futuras administraciones gubernamentales, al comprometer el presupuesto general de la nación por varias vigencias justo antes de entregar las riendas de la nación y demuestra, una vez más, el alto grado de improvisación y debilidades manifiestas en la aplicación del principio de planificación presupuestal.

Por todo lo anterior, es claro que las finanzas públicas se encuentran sensiblemente deterioradas y no parece que haya orden en las cuentas fiscales del país; así también es reprochable dejar gran peso del ajuste fiscal para las próximas vigencias. Nuestra economía apenas empieza la recuperación económica y antes que políticas contraccionistas se requiere una administración eficiente del gasto público y de un nuevo plan de desarrollo que le haga la venia a una economía productiva que, propulse sectores tan rezagados como la agricultura y la industria, lo cual no se logra con altas tasas de interés y reduciendo la inversión pública en cerca del 1% del PIB, como se deja ver en los marcos fiscales y de gasto de mediano plazo disponibles en la víspera de la presentación del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones de la nación para el año 2023.

Henry Amorocho Moreno.

Profesor Titular Hacienda Pública.

Facultad de Jurisprudencia.

Universidad del Rosario.